Economía
La disputa entre el gobierno y los “holdouts” (fondos buitres) entra en una etapa clave no sólo por su implicancia coyuntural sino por sus antecedentes jurídicos en el mundo de las finanzas.Se trata de un aspecto tan importante que todos deberíamos tener la obligación de entenderlo.
Argentina acusó a la justicia estadounidense de parcialidad y volvió a exigir que se le permita honrar su deuda reestructurada, mientras se apresta a negociar con tenedores de bonos impagos en un pleito que la dejó al borde de un nuevo default.
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| Dibujo del Financial Times |
Si Argentina no destraba la situación antes del 30 de julio, cuando termina el período de gracia para pagar sus bonos ‘Discounts’ vencidos a fines de junio, caerá en una cesación de pagos justo en momentos en que busca recuperar la confianza de inversores internacionales para impulsar su economía en recesión.
Las constantes quejas de Argentina por el fallo de Griesa, que fue avalado por la Corte Suprema de Estados Unidos, han sido criticadas por los acreedores demandantes, que dudan del compromiso de Buenos Aires por llegar a un acuerdo con ellos.
Argentina se niega a pagarle a los acreedores que no aceptaron las ofertas de reestructuraciones de su deuda incumplida de 100.000 millones de dólares porque asegura que violaría una cláusula firmada con los tenedores que sí aceptaron los canjes con una importante quita.
Especulación
Cerca del siete por ciento de los acreedores del país hace una década, liderados por los fondos NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management, se ha negado a canjear sus títulos en default y ha demandado al país por años ante cortes internacionales para recuperar el valor total de los bonos.
Pero el Gobierno argentino calcula que si paga los 1.300 millones de dólares ordenados por la corte de Estados Unidos, abriría la puerta a posibles demandas de otros acreedores "holdouts" por unos 15.000 millones de dólares.
Es un misterio la clase de acuerdo que Argentina puede llegar con los fondos de inversión que ha calificado de "buitres", por la cláusula acordada en los canjes de deuda del 2005 y del 2010 que le impiden hacer una oferta mejor que a los tenedores que participaron en esas operaciones.
Esta restricción vence el 31 de diciembre. El Gobierno argentino ha dicho que su incumplimiento puede acarrearle juicios por hasta 130.000 millones de dólares.
Argentina también ha intimado al Bank of New York Mellon (BONY), el agente de pagos de sus bonos con legislación extranjera, a que proceda con la cancelación del vencimiento de los ‘Discounts’ a pesar de la orden del magistrado neoyorquino.
El país gobernado por Cristina Fernández depositó en tiempo y forma 539 millones de dólares en dos cuentas del BONY en el Banco Central argentino, pero, debido a la decisión de Griesa, el agente de pagos se ha negado a transferir los fondos al extranjero para que lleguen a manos de los tenedores de los bonos reestructurados.
Ese pago total rondó los 1.000 millones de dólares, por lo que los acreedores poseedores de la diferencia cobraron normalmente.
Son días para entender de verdad la realidad que transitamos.
