Hacía mucho tiempo que una sesión del Concejo Deliberante de 25 de Mayo no era rodeada por tanta intriga.
La paridad nominal por la posible votación individual hacía suponer un final ajustado para dar el visto bueno a la rendición de gastos municipales del año pasado.
Pero finalmente la mayoría rechazó las cuentas preparadas por la administración ejecutiva, lo que disparó disgustos y alegrías políticas al término de la última sesión de mayo.
El balance de la utilización de unos 80 millones de pesos (casi 18 millones de dólares) requiere un exhaustivo análisis ya que implican varias cuestiones: una voluminosa suma de dinero, la utilización de fondos públicos en un año electoral, trabajos iniciados y otras urgencias inconclusas frente a la desviación de partidas.
No hay mejor manera para transparentar los gastos que la boleta por cada prestación de los proveedores ó el usual comprobante del gasto. Es necesaria la justificación del dinero movilizado para evitar suspicacias.
La disparidad de criterios en torno al tema contable dejó una vez más al descubierto la heterogeneidad del legislativo veinticinqueño entre sus 16 componentes. Políticamente es de difícil manejo, pero individualmente es hora de rescatar tesituras para saber quiénes se juegan públicamente.
Un traspié para la intendente Victoria Borrego (Coalición Cívica -CC-), luego de tener el apoyo del expediente por parte de Cecilia Germano, Emilia Fioretti, Roberto Freccero y Marcos Ibarra Davel (CC), Diego Canullan (Unión Cívica Radical -UCR-), Daniel Fredes (Propuesta Republicana -PR-) y Héctor Ambrosino (GEN).
Por el rechazo votaron Inés Muñoz, Horacio Gastaldi, Jorge Gallo y José Canullan (Frente para la Victoria -FpV-), Rodrigo Tosto y Luis Buenaventura (Partido Justicialista -PJ-), Diego Marchessotti (Partido Federal -PF-), José Pezzato (UCR) y Claudio Monteiro (PR).
Los oficialistas seguirán defendiendo la claridad de las cuentas y los opositores reclamarán por precisiones, en una ciudad donde hay conocimiento de la "persona" mas allá de la función pública.
El tribunal de cuentas bonaerense deberá pedir las explicaciones del caso para saldar las dudas, pero cuando en años anteriores ocurrió lo mismo el paso del tiempo diluyó el tema y las sanciones rara vez se pusieron en práctica.
La reglamentación dice que el intendente involucrado debe afrontar personalmente la multa aplicada en caso de una objetada rendición de cuentas.
Control y transparencia deben ir de la mano a favor de la ciudadanía en su conjunto.
La paridad nominal por la posible votación individual hacía suponer un final ajustado para dar el visto bueno a la rendición de gastos municipales del año pasado.
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| Edificio del HCD veinticinqueño en 10 esq. 27 |
El balance de la utilización de unos 80 millones de pesos (casi 18 millones de dólares) requiere un exhaustivo análisis ya que implican varias cuestiones: una voluminosa suma de dinero, la utilización de fondos públicos en un año electoral, trabajos iniciados y otras urgencias inconclusas frente a la desviación de partidas.
No hay mejor manera para transparentar los gastos que la boleta por cada prestación de los proveedores ó el usual comprobante del gasto. Es necesaria la justificación del dinero movilizado para evitar suspicacias.
La disparidad de criterios en torno al tema contable dejó una vez más al descubierto la heterogeneidad del legislativo veinticinqueño entre sus 16 componentes. Políticamente es de difícil manejo, pero individualmente es hora de rescatar tesituras para saber quiénes se juegan públicamente.
Un traspié para la intendente Victoria Borrego (Coalición Cívica -CC-), luego de tener el apoyo del expediente por parte de Cecilia Germano, Emilia Fioretti, Roberto Freccero y Marcos Ibarra Davel (CC), Diego Canullan (Unión Cívica Radical -UCR-), Daniel Fredes (Propuesta Republicana -PR-) y Héctor Ambrosino (GEN).
Por el rechazo votaron Inés Muñoz, Horacio Gastaldi, Jorge Gallo y José Canullan (Frente para la Victoria -FpV-), Rodrigo Tosto y Luis Buenaventura (Partido Justicialista -PJ-), Diego Marchessotti (Partido Federal -PF-), José Pezzato (UCR) y Claudio Monteiro (PR).
Los oficialistas seguirán defendiendo la claridad de las cuentas y los opositores reclamarán por precisiones, en una ciudad donde hay conocimiento de la "persona" mas allá de la función pública.
El tribunal de cuentas bonaerense deberá pedir las explicaciones del caso para saldar las dudas, pero cuando en años anteriores ocurrió lo mismo el paso del tiempo diluyó el tema y las sanciones rara vez se pusieron en práctica.
La reglamentación dice que el intendente involucrado debe afrontar personalmente la multa aplicada en caso de una objetada rendición de cuentas.
Control y transparencia deben ir de la mano a favor de la ciudadanía en su conjunto.
