Política / Economía
Los legisladores de la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito agrícola de Argentina, aprobaron un presupuesto para 2018 que prevé un fuerte incremento de los impuestos sobre las tierras rurales. |
| Legislatura bonaerense |
La Sociedad Rural de 25 de Mayo ya había advertido las consecuencias adversas, de lo que ahora se sancionó, para las finanzas locales.
En busca de reducir su enorme déficit fiscal, el gobierno provincial incluyó en su iniciativa un alza de hasta el 50 por ciento en 2018 en el impuesto inmobiliario rural, lo que podría limitar la inversión agrícola en el país sudamericano, uno de los mayores exportadores de soja, maíz y trigo del mundo.
Mediante una maratónica sesión legislativa, la aprobación entre ambas cámaras se concretó entre el martes por la noche y este miércoles a la madrugada.
La noticia, en plena época de siembra de soja y maíz del ciclo 2017/18, cayó como un balde de agua fría para el sector.
“Hubiera sido más razonable un valor cercano a la inflación: un aumento de un 20 o 25 por ciento el sector lo hubiera aceptado. Pero un 50 por ciento genera molestia y enojo”, dijo a "Diálogos" Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
Según datos del Ministerio de Agroindustria, en la temporada pasada se sembraron en Buenos Aires 6 millones de hectáreas de soja -un tercio del área total- y 2,3 millones de hectáreas de maíz, mientras que se implantaron casi 2 millones de hectáreas con trigo de la campaña actual.
Para el gobierno, el alza impositiva -que regirá a partir del 1 de enero- no debería golpear al negocio agropecuario.
El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Leonardo Sarquís, sostuvo que estarán exentos del incremento impositivo los campos más pequeños, de menos de 50 hectáreas, lo que representa al 46 por ciento de los alrededor de 84.000 productores agrícolas de la provincia.
Sin embargo, los chacareros aducen que el alza es excesiva.
El poderoso sector agrícola argentino es uno de los mayores aliados del presidente liberal Mauricio Macri, que apenas asumió el poder en diciembre de 2015 eliminó restricciones e impuestos que pesaban sobre las exportaciones de trigo y maíz desde hacía años.
Pero la delicada situación de las cuentas del país, que también sufre un grave déficit fiscal a nivel nacional, llevó al gobierno a postergar para el año próximo una prometida reducción en los altos impuestos que gravan los embarques de soja.
